El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el derecho al olvido

(Por Eva Hernández)

El pasado 13 de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció de manera definitiva sobre la cuestión prejudicial planteada desde marzo de 2012 por la Audiencia Nacional sobre la interpretación de la Directiva europea de Protección de Datos en relación a las protestas recibidas por afectados por la información que ofrecen los motores de búsqueda, y concretamente, Google.

Con esta sentencia se reconoce el derecho al olvido, que se puede entender como el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar de Google u otros motores de búsqueda a la retirada de la información en las búsquedas que ellos consideren pueden afectar a su imagen.

Debemos tener en cuenta que este derecho al olvido no supone una merma a derechos tan importantes como la libertad de expresión y de información, sino que sólo afectará a aquellas informaciones personales que carecen de interés o de relevancia pública pero cuya difusión por Internet está causando un daño a la persona citada, no cabiendo en este derecho al olvido, todas aquellas que afecten a personajes públicos o que versan sobre hechos de relevancia pública.

A partir de ahora cualquier persona tendrá derecho a solicitar a los motores de búsqueda la eliminación de las referencias que les afecten, aunque esta información no haya sido eliminada de la fuente original.

El derecho a la protección de datos siempre prevalecerá sobre los intereses económicos de las grandes compañías de buscadores de Internet, salvo -como ya se ha dicho- que esa información tenga relevancia pública.

Con esta sentencia, el TJUE ha restituido una protección de la intimidad perdida, provocada por el rápido avance de Internet y las nuevas tecnológicas y la imposibilidad o la lentitud de reacción del sistema legislativo, con lo que cuentan las grandes empresas tecnológicas para invadir nuestros derechos constitucionales.

Esta es una buena noticia para todos. Las disputas surgirán cuando haya de concretarse que sea “información personal que carezca de interés o relevancia pública pero que cause daño”. Pero ¡eso es harina de otro costal!

Eva Hernández
Abogado

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Fran Lebowitz

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