El último proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal

(Por Sagrario Castaño)

El objeto de este artículo es divulgar el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado el 9 de diciembre de 2014 por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia con la finalidad de:

  1. Agilizar la justicia penal
  2. Fortalecer los derechos procesales
  3. Regular las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos garantizados en el art. 18 de la CE
  4. Prever un procedimiento de decomiso autónomo
  5. Generalizar la segunda instancia y
  6. Reformar el recurso extraordinario de revisión.

En resumen las medidas que se establecen para conseguir esas finalidades son:

1) MEDIDAS PARA AGILIZAR LA JUSTICIA PENAL.

1.1. Se reforman las reglas de conexidad.

Persigue una rápida y eficaz sustanciación de los procesos con el fin de evitar la acumulación de causas y la “inflamación procesal” que se produce en los llamados “macroprocesos”.

La acumulación por conexión se produce cuando concurren las circunstancias tasadas que se expresan en el art.17 LECRIM. La simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y sólo se podrá justificar la acumulación cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, el Juzgado lo considere más conveniente por razones de economía procesal, siempre que por ello no se altere la competencia judicial, con el fin de evitar el trasiego de causas entre los distintos juzgados para determinar cuál de ellos debe conocer del asunto.

1.2. Para las infracciones penales sin autor conocido.

Se persigue en este caso evitar innecesarias aperturas de diligencias previas en las infracciones penales sin autor conocido que en la actualidad son archivadas de inmediato, previo visto del Ministerio Fiscal. A partir de ahora, no se enviarán al Juzgado. Esos atestados policiales serán conservados por la Policía judicial a disposición de jueces y fiscales pero sin enviar y se evitarán investigaciones policiales autónomas más allá del plazo de 72 horas a contar desde la apertura del atestado.

1.3. Se imponen plazos máximos para la instrucción de las causas.

Las diligencias de instrucción se practicarán en un plazo de máximo de 6 meses a contar desde el Auto de incoación sumario o apertura de diligencias previas. Si la investigación es compleja este plazo puede ser prorrogado por otros 6 meses o por otro plazo inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. Excepcionalmente, si existen causas que lo justifiquen, el Juzgado podrá fijar un nuevo plazo máximo para la instrucción.

1.4. Se establece un nuevo proceso:

El proceso por aceptación de Decreto Novedoso proceso que se sigue cuando el delito esté castigado con pena de multa o con pena de prisión sustituible por multa, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y que no esté personada acusación popular o particular en la causa.

2) MEDIDAS PARA FORTALECER LOS DERECHOS PROCESALES.

Se modifican los arts. 118, 520 y 527 de la LECRIM al objeto de trasponer la Directiva 2013/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 octubre de 2013, sobre el derecho de asistencia al detenido en las causas penales y en los procedimientos relativos de orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y autoridades consulares durante la privación de libertad. Se efectúa una completa regulación del derecho de defensa tanto para personas físicas como para entidades penalmente responsables y contra las que puede dirigirse el proceso penal.

Ahora bien, nos ha llamado poderosamente la atención, entre otros, que este Anteproyecto de Ley establezca en cuanto a los derechos del detenido que la asistencia letrada "no será precisa para la recogida de muestras de sustancias biológicas del detenido con los fines previstos en la legislación sobre bases de datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir de ADN".

Este texto se opone a los criterios fijados el pasado 24 de septiembre de 2013 por el Tribunal Supremo en el sentido de que el almacenamiento de muestras biológicas constituye "una suerte de preconstitución de prueba a perpetua memoria, eventualmente de cargo, de particular relevancia", ya que el detenido "accederá a una genérica y abierta condición de sospechoso" de hechos delictivos tanto pasados como futuros, respecto a los cuales la policía podrá cotejar sin límite su ADN. El Supremo extrema las garantías para la recogida de muestras "que no se podrán utilizar como prueba, incluso si el detenido autoriza la obtención, salvo que se haya avisado a su abogado y éste haya aconsejado a su cliente".

Además se observa que el texto contradice lo fijado en el art. siguiente, que regula la prestación del servicio de asistencia letrada en el que se señala que "el abogado informará al detenido de las consecuencias de prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten”.

De mantenerse ese criterio del anteproyecto, podremos ver vulnerado seriamente el derecho de defensa.

3) MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA.

El uso de las nuevas tecnologías ha generado nuevos tipos delictivos. Se hace necesario regular las ingerencias del Estado a través los medios de investigación de los delitos en la privacidad del sujeto pasivo de un proceso penal, pues algunos derechos constitucionales pueden ser objeto de limitación. De forma que:

3.1. Se regula la interceptación de las comunicaciones telemáticas y telefónicas.

Se autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. El Juez deberá ponderar la gravedad del hecho objeto de investigación para acordar de forma motivada la intervención telefónica, SMS, MMS o cualquier otra forma de comunicación telemática de carácter bidireccional siempre conforme a los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad que actúan como elementos de justificación de la intervención.

Se establece el plazo de 3 meses de duración máxima de la intervención, que puede ser ampliada por prórrogas por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de 2 años siempre que subsistan las causas que motivaron su adopción.

Se impone la utilización de un sistema de sellado o firma electrónica que garantice la información volcada desde el sistema central para dar validez a los documentos aportados al proceso en formato electrónico.

Se limita la posibilidad de utilización de las grabaciones en un proceso distinto a aquel en el que se hubiera acordado la medida y la eliminación de las grabaciones originales, una vez terminado el procedimiento, para evitar la difusión de un material que por su contenido, puede dañar la intimidad del afectado. En la investigación de algunos delitos se da un tratamiento jurídico individualizado al acceso por los agentes de policía al IMSI, IMEI, IP y otros elementos de identificación de una tarjeta o terminal.

3.2. Se regula la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización pues afecta a la intimidad de la persona el conocimiento que los poderes públicos tengan de su ubicación espacial. Para la adopción de tal medida el Juez de Instrucción ha de autorizarla.

3.3. Se regula el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y el registro remoto de equipos informáticos.

4) PROCESO DE DECOMISO.

Se regula un proceso de decomiso autónomo que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.

5) GENERALIZACIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA.

Todo condenado por un delito podrá someter a revisión la causa ante un Tribunal superior. El nuevo Anteproyecto solventa la ausencia de regulación de un recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableciendo la misma regulación existente en la actualidad para la apelación de las sentencias dictadas por el Juzgados de lo penal.

6) REFORMA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

Se establece un cauce legal de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e impone la reforma de los motivos del recurso de revisión y la posibilidad de impugnación de sentencias penales que pueden resultar contradictorias con la dictada posteriormente en otro orden jurisdiccional acerca de una cuestión prejudicial no devolutiva.

Son todos ellos cambios muy sustanciales por lo que habremos de estar atentos a su próxima tramitación en las Cortes Generales.

Sagrario Castaño
Abogado
Departamento de Civil y Procesal
Hodgson Abogados

Think before you speak. Read before you think.
Fran Lebowitz

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